1) En su interés por lograr la liberación de los
secuestrados, el Gobierno de Colombia permitió la
intervención del Presidente Hugo Chávez, no obstante
el riesgo de dificultades políticas que algunos
anticipaban.
2) El Gobierno de Colombia estimó que el Presidente
Hugo Chávez podía ser alternativa eficaz para la
liberación de los secuestrados, prefiriendo esta
opción a negar su intervención, so pretexto de la
preocupación política.
3) Los Presidentes han sostenido tres reuniones
donde se ha abordado el tema del acuerdo
humanitario, todas con testigos. En la reunión entre
los Presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez en
Santiago de Chile, el pasado 9 de noviembre, quedó
claro que el Gobierno colombiano no podía permitir
una reunión del Presidente Hugo Chávez con Manuel
Marulanda, pues para este caso o para una reunión
semejante, con otro Jefe de Estado, se necesitaría
una zona de despeje. El Presidente Uribe expresó al
Presidente Chávez como alternativa, que si
previamente las FARC liberaban unos secuestrados,
con el compromiso de liberarlos a todos, se podría
hacer la reunión del Presidente Chávez con Manuel
Marulanda en un sitio de encuentro en Colombia, aún
en el Caguán, como lo solicitaba el Presidente
Chávez, para iniciar un proceso de paz exitoso. Que
el Presidente Uribe estaría dispuesto a concurrir
allí posteriormente. Esta propuesta se entregó como
“herramienta de negociación” que podía utilizar el
Presidente Hugo Chávez para avanzar con las FARC en
la liberación de los secuestrados. El Gobierno de
Colombia se sorprendió cuando el Presidente Chávez
hizo público este tema en París, porque daba por
entendido que se trataba de un elemento de
negociación para ser manejado con reserva.
4) En la reunión de Santiago de Chile, el
Presidente Uribe explicó al Presidente Chávez que en
el Gobierno de Colombia toda gestión de paz se
consulta con la Fuerza Pública, a fin de no
interferir la política de seguridad democrática. El
Presidente Uribe explicó al Presidente Chávez que
siempre mantiene el buen cuidado para que tales
decisiones no afecten la motivación de la Fuerza
Pública. El Presidente Chávez respondió que él
hablaría con los generales colombianos, incluso con
el General Mario Montoya, Comandante del Ejército.
El Presidente Uribe dijo que eso no se aceptaba y
dio razones. Este tema quedó definido y cerrado.
5) De allí la preocupación del Gobierno colombiano
al conocer sobre la conversación telefónica del
Presidente Hugo Chávez con el General Mario Montoya,
a través de la Senadora Piedad Córdoba. Ese mismo
día, la Senadora llamó varias veces al General
Freddy Padilla de León, Comandante General de las
Fuerzas Militares, con quien no habló. Previamente
la Senadora había llamado a un vocero de la Iglesia
Católica, a quien le expresó el interés del
Presidente Hugo Chávez para que el Presidente de la
Conferencia Episcopal Colombiana fuera a Caracas a
hablar con él. Según lo ha dicho la misma Senadora,
ese día también llamó a periodistas y a varias
personalidades del país, todo esto sin conocimiento
del Gobierno colombiano.
6) El Gobierno de Colombia, al conocer los hechos,
apreció que no fue casual la llamada de la Senadora
Piedad Córdoba que desembocó en la conversación
telefónica del Presidente Chávez con el General
Montoya, que se apartaba de lo hablado en Santiago
de Chile y desconocía el conducto institucional
colombiano. El Gobierno de Colombia no puede
permitir que terceros involucren a militares
colombianos en el tema, porque atenta contra
nuestras tradiciones democráticas de unidad en las
Fuerzas Armadas.
7) El Gobierno de Colombia ha sido totalmente
respetuoso de la jerarquía institucional de la
República Bolivariana de Venezuela. Los asuntos de
orden público que interesan a los dos países, así
como la necesidad de la coordinación militar en la
frontera estimada por el Gobierno de Colombia, han
sido siempre expresados de manera directa por el
Presidente Álvaro Uribe al Presidente Hugo Chávez.
8) El 21 de noviembre, en horas del medio día, en
intervención pública en la ceremonia de graduación
del Curso de Altos Estudios Militares de la Escuela
Superior de Guerra, el Presidente Álvaro Uribe había
reiterado toda la confianza y el apoyo a la gestión
del Presidente Hugo Chávez. Ese mismo día, en horas
de la noche, el Presidente conoció de la llamada
telefónica por información que recibió del General
Freddy Padilla de León, Comandante General de las
Fuerzas Militares, y del propio General Mario
Montoya, Comandante del Ejército Nacional.
9) El Gobierno colombiano ha hecho innumerables
esfuerzos por el acuerdo humanitario. Las únicas
respuestas de las FARC han sido el asesinato del ex
ministro Gilberto Echeverri, del Gobernador
Guillermo Gaviria, y los miembros de la Fuerza
Pública que los acompañaban en el cautiverio; el
asesinato de los once diputados vallecaucanos; la
actitud dilatoria frente a la comunidad
internacional; la negativa a trabajar una fórmula
para la liberación de los secuestrados con los
múltiples facilitadores nacionales e internacionales
que se han designado.
10) El Gobierno de Colombia muestra su preocupación
por la manipulación de pruebas de supervivencia por
parte de las FARC, tal como lo dejó claro hoy, en
comunicado público, el General Oscar Naranjo,
Director de la Policía Nacional.
11) El Gobierno no puede permitir que los
terroristas de las FARC continúen con la práctica de
“combinar las formas de lucha”, mediante la cual
secuestran, asesinan y trafican con droga, mientras
posan como actores políticos y se relacionan con
sectores de la comunidad nacional e internacional.
Esta práctica dañina ha contribuido, entre otros
episodios criminales, a los asesinatos de
integrantes de la Unión Patriótica y de líderes
sindicales en Colombia.
12) Todo demuestra que las FARC no han estado
interesadas en liberar a los secuestrados, ni
siquiera en entregar pruebas de supervivencia, sino
en hacer política internacional, mientras en
Colombia asesinaron en las últimas semanas a 12
candidatos en las elecciones regionales y produjeron
un atentado terrorista contra el Gobernador del
Cauca, delitos que ningún país tolera.
13) La política de paz en coordinación con la
política de seguridad democrática ha mostrado para
el país grandes avances en la disminución de la
violencia, en la desmovilización de 46.000 miembros
de las organizaciones ilegales, y en la recuperación
de la confianza ciudadana en las instituciones
democráticas.
14) El Gobierno colombiano reitera que la política
de seguridad democrática no hace parte de supuestas
divisiones entre “izquierda” y “derecha”. Al
contrario es un valor para garantizar la eficacia
del pluralismo. El actual Gobierno, en su afán por
derrotar el terrorismo para fortalecer la
democracia, ha demostrado que actúa de manera
soberana y autónoma, ajeno a presiones de cualquier
país.
15) Colombia no puede permitir que los terroristas
de las FARC abusen del dolor de los secuestrados y
sus familiares, abusen de los buenos oficios
internacionales, abusen de la súplica por el Acuerdo
Humanitario, todo para debilitar la política de
seguridad democrática, que es la única que
finalmente eliminará el secuestro y devolverá la
paz.
16) El Gobierno colombiano continuará haciendo todos
los esfuerzos para la liberación de los secuestrados
y espera que las FARC, en lugar de insistir en su
torpeza terrorista, entreguen los secuestrados al
Presidente Chávez o al Presidente Sarkozy, o a la
Cruz Roja Internacional, cuanto antes y de manera
unilateral.
17) Es del mayor interés del grupo terrorista de las
FARC crear fisuras y antagonismos entre Colombia y
Venezuela. No debemos caer en trampas del
terrorismo.
18) El Presidente Álvaro Uribe reitera su
disposición de mantener un diálogo constructivo con
el Presidente Hugo Chávez.
Casa de Nariño
Noviembre 24 de 2007
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