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Colombia acude hoy a
este Foro de las
Américas, convencida
como está de su
proyecto de Nación,
sustentada en la
seguridad desde la
democracia; del
valor de la
inversión desde la
responsabilidad
social, y del
principio de la
cohesión social
desde la libertad.
Nuestro país ha sido
y será garante del
cumplimiento de los
principios sobre los
cuales se
constituyeron la
Carta de la Naciones
Unidas y la Carta de
la Organización de
los Estados
Americanos, así como
de la Carta
Democrática de las
Américas.
Colombia no tiene
tradición ni
lenguaje belicista.
No hemos desplazado
tropas a nuestras
fronteras. Frente a
nuestras naciones
hermanas, frente a
sus pueblos y frente
a sus instituciones
nuestra única
vocación es la de
estrechar vínculos
de amistad y
cooperación. Frente
a los terroristas
que amenazan nuestra
seguridad interior y
la de nuestros
vecinos, hemos
desplegado todos
nuestros esfuerzos
en ejercicio del
deber constitucional
de garantizar
seguridad y
protección a
nuestros
compatriotas.
Colombia ha sido
víctima del
terrorismo y en su
lucha por superar
ese flagelo ha
contado con la
solidaridad
continental. El
terrorismo invasor y
transnacional,
violenta no solo la
soberanía de
Colombia, también
irrespeta la
soberanía de los
países vecinos.
QUIÉN ERA EL
TERRORISTA RAÚL
REYES
Permítanme detenerme
para explicarles
quién era alias Raúl
Reyes, uno de los
criminales más
buscados en el
mundo.
El terrorista alias
“Raúl Reyes” tenía
circular roja de la
INTERPOL, 14
condenas y 121
procesos penales por
crímenes de lesa
humanidad, tales
como masacres,
homicidios,
secuestros,
terrorismo y crimen
organizado, entre
otros.
En días recientes
había sido
denunciado por el
gobierno colombiano
por el delito de
trata de personas,
relacionado con
niñas menores de
edad, sometidas a
explotación sexual.
Por mencionar
algunos ejemplos,
Raúl Reyes fue el
responsable en el
2007, del envío a
México de 700
kilogramos de
estupefacientes, y
con cabecillas de la
comisión
internacional de las
FARC participó en el
secuestro y
homicidio de Cecilia
Cubas, en Paraguay.
Señor Presidente,
hago entrega a este
Consejo del
prontuario criminar
de “Raúl Reyes” para
su constancia.
(ANEXO 1).
LOS HECHOS
Es cierto, y así
Colombia lo ha
reconocido, que el
terrorista Raúl
Reyes murió en
territorio
ecuatoriano, a 1.800
metros de la línea
fronteriza con
Colombia. El
campamento en que
permanecía era por
su infraestructura
de carácter
permanente.
Por el contrario, no
es cierto que los
aviones colombianos
hayan incursionado
en territorio
ecuatoriano. Se
disparó desde el
norte, desde
territorio
colombiano, a una
distancia aproximada
entre tres y cinco
millas dentro de la
frontera de
Colombia. De haber
incursionado en
territorio
ecuatoriano, el
radar militar de ese
país, situado en
Lago Agrio, lo
hubiese detectado.
No es un argumento
válido decir que los
aviones colombianos
han podido
incursionar a baja
altura para no ser
detectados, puesto
que para lanzar
bombas
necesariamente
tendrían que haber
subido de altura y
por lo tanto, ser
detectados por el
radar en mención.
Es cierto que
helicópteros
colombianos con
personal militar
ingresaron a
territorio
ecuatoriano para
registrar el
campamento
terrorista, razón
por la cual el
Gobierno colombiano
ha pedido disculpas
públicas al Gobierno
del Ecuador y lo
hace de nuevo en el
día de hoy.
En desarrollo de ese
registro, se
detectaron los
cadáveres de Raúl
Reyes y de 16
terroristas más, así
como amplia
documentación
personal y cuatro
computadores de
Reyes.
El gobierno de
Colombia cuenta con
información precisa
que le permite
aseverar, sin temor
a equívocos, que el
campamento hallado
en territorio
ecuatoriano no era
un lugar de
tránsito, sino, por
el contrario, un
campamento
permanente, tal y
como se comprueba a
través del abundante
material que se
anexa a esta
presentación y que
contiene
comprometedoras
revelaciones de
acuerdos entre las
FARC y los gobiernos
del Ecuador y
Venezuela, que el
Gobierno colombiano
ha decidido poner en
conocimiento de la
Organización de
Estados Americanos y
otras instancias
jurídicas
competentes.
En los últimos días,
algunos han afirmado
que se atacó a
ciudadanos
indefensos mientras
dormían. Señores
Embajadores, eso es
una falta de respeto
con el pueblo
colombiano;
referirse de esa
manera a unos
terroristas que han
cobrado miles y
miles de vidas de
ciudadanos de todas
las nacionalidades
resulta inadmisible
para la nación que
represento.
LA INFORMACIÓN
PRELIMINAR HALLADA
EN LOS COMPUTADORES
A continuación, me
permito presentar
apartes del informe
preliminar sobre la
evidencia encontrada
en los computadores
pertenecientes al
terrorista Raúl
Reyes.
La incautación de
los computadores del
terrorista ha
permitido conocer
hechos muy graves,
que requieren una
explicación al
pueblo colombiano.
Para efectos de
preservar la prueba
y garantizar su
fidelidad, dichos
computadores han
sido puestos a
disposición de esta
Organización para
que realice el
peritazgo técnico
del caso y se
proceda al
acompañamiento a las
autoridades que
tienen bajo su
custodia ese
material.
Presentamos
documentos que no
solo afectan la
seguridad nacional
de mi país, sino
también la de la
región, y hacen
imperativas las
explicaciones por
parte de las
autoridades
ecuatorianas y
venezolanas sobre
sus vínculos con las
FARC; sobre la
presencia permanente
de campamentos del
grupo terrorista en
territorio
ecuatoriano; sobre
el adoctrinamiento
ideológico de la
población de
frontera; sobre el
tráfico ilícito de
drogas y de armas
por dicho grupo bajo
la protección de los
gobiernos de Ecuador
y Venezuela, y sobre
el tránsito de
secuestrados por
esos territorios.
Me refiero, en
primer lugar, a un
documento fechado el
18 de enero de 2008,
firmado por alias
Raúl Reyes, del cual
se concluye que este
terrorista tuvo
contacto directo con
el Ministro de
Seguridad del
Ecuador, Señor
Gustavo Larrea.
(ANEXO 2/ DOC 1).
Dice textualmente
Raúl Reyes en este
documento, dirigido
al secretariado de
las FARC: “Atendimos
la visita del
Ministro de
Seguridad de
Ecuador, Gustavo
Larrea, en adelante
Juan, quien a nombre
del Presidente
Correa trajo saludos
para el camarada
Manuel y el
Secretariado”,
exponiendo así entre
otros puntos el
interés del
Presidente Correa de
oficializar las
relaciones con la
dirección de las
FARC por conducto de
su ministro de
seguridad.
¿Cómo es posible,
señores embajadores,
discernir esta
conducta, a la luz
de las Resoluciones
1373 y 1368 de 2001;
1456 de 2003; y 1624
de 2005 del Consejo
de Seguridad de las
Naciones Unidas, y
las Resoluciones
2170 del 2006 y 2272
del 2007 de la
Asamblea General de
la OEA, así como las
disposiciones que
regulan la
obligación
internacional de
hacer cumplir las
circulares rojas de
la INTERPOL?
También señala el
referido documento,
enviado por ‘Reyes’
al secretariado, con
relación al gobierno
ecuatoriano que:
“…Están dispuesto
(sic) a cambiar
mandos de la fuerza
pública de
comportamiento
hostil con las
comunidades y
civiles de la zona
para lo cual
solicitan nuestro
aporte con
información”….y
adicionalmente que:
“Para el Plan
Ecuador nos piden
cursos de
organización de
masas para nativos
de la frontera, los
que luego serán
encargados por el
gobierno de
coordinar con las
FARC el trabajo
fronterizo. Con la
ventaja de que una
gente de esta es
parte del Partido
Clandestino o
participan del
Comité Binacional
orientado por el
Frente 48”.
El texto mencionado,
se acompaña de otro,
fechado el 28 de
febrero del presente
año, en el cual Raúl
Reyes reitera a los
miembros del
secretariado la
necesidad de avanzar
en la respuesta al
contacto del
Ministro Larrea,
emisario del señor
Presidente Correa.
(ANEXO 2/ DOC 2)
Sorprenden las
declaraciones del
Ministro Larrea
cuando afirma que
los contactos que
mantenía con las
FARC eran conocidos
por el Gobierno de
Colombia. No es
cierto. Por el
contrario, el
Presidente Correa
siempre aseguró al
gobierno colombiano
que no adelantaría
ninguna gestión con
las FARC sin
conocimiento y
autorización del
Gobierno colombiano.
Las declaraciones
del Presidente
Correa y su ministro
Gustavo Larrea
confirman que sí
existió la reunión a
la que hace
referencia el
terrorista Reyes en
las cartas
encontradas en su
computador. El
acuerdo que estarían
negociando con las
FARC, según el
elemento probatorio
conocido, sería un
acuerdo con fines
políticos, con
decisiones
compartidas en el
nombramiento de
comandantes
militares en la zona
y para ejercer
actividades
proselitistas en el
Ecuador.
Esto no tiene
relación con la
justificación que ha
dado el Gobierno
ecuatoriano que
estaría adelantando
acciones
humanitarias. Lo que
revelan los
documentos tiene más
bien las
características de
tráfico de
secuestrados con
fines políticos.
Temas por los que
tiene que responder
el gobierno del
Presidente Rafael
Correa.
Quizás el hecho más
grave aún es la
referencia que en un
documento de fecha
del 14 de febrero de
2008, se hace sobre
el financiamiento,
por parte del
gobierno de
Venezuela, al grupo
terrorista de las
FARC por un monto de
300 millones de
dólares. (ANEXO 2/
DOC 3-4-5-6-7). Cabe
aquí analizar el
alcance de este
ofrecimiento de cara
a la Resolución 1373
del 2001 del Consejo
de Seguridad de
Naciones Unidas y de
la Convención
Interamericana
contra el
Terrorismo.
En el proceso de
examen del abundante
material contenido
en los computadores
hallados a los
miembros del grupo
terrorista, han
aparecido hasta el
momento otros datos
vinculados
directamente con la
entrega de armamento
y dinero por parte
del Presidente Hugo
Chávez a las FARC.
Este hecho configura
una violación a la
ley penal
internacional y será
denunciada por
Colombia ante la
Corte Penal
Internacional para
que investigue al
presidente Hugo
Chávez Frías por el
delito de
financiamiento
directo de grupos
terroristas.
Es de destacar que
de manera oficial,
el gobierno
colombiano había
informado por la vía
diplomática sobre la
presencia de las
FARC en territorio
ecuatoriano. Así
consta en las notas:
DA/CAL No. 4167 del
31 de enero de 2006,
DM No. 8050 del 10
de febrero de 2006,
VRE No. 13277 del 16
de marzo de 2006,
VRE/DSF NO. 12995
del 7 de marzo de
2007, MRE/DSF/CAM
No. 39671 del 6 de
agosto de 2007, DM/DSF/CAM
No. 49336 de 24 de
septiembre de 2007,
DM/VR No. 50856 del
2 de octubre de
2007, DM/DSF/CAM No.
51593 del 3 de
octubre de 2007, DM/VR
No. 55485 del 25 de
octubre y E No. 032
del 25 de enero de
2008, enviadas al
gobierno del Ecuador
y que se entregan a
este Consejo para su
constancia. (ANEXO
3).
Es del caso señalar
que Colombia tiene
serios indicios de
que en la actualidad
subsisten
campamentos de las
FARC en territorio
ecuatoriano. Los
indicios que
presenta el gobierno
colombiano muestran
que en ambos
territorios existen
campamentos de las
FARC según
coordenadas que se
adjuntan en el
documento. (ANEXO 4)
Son muy notorios los
documentos
relacionados con el
tráfico de drogas
por parte de las
FARC utilizando
territorio
ecuatoriano. Se
habla abiertamente
de cientos de kilos
de coca y de
millones de dólares,
tal como consta en
el documento que se
acompaña. (ANEXO 5)
Señores miembros del
Consejo Permanente y
ciudadanos del
Hemisferio: que no
quepa la menor duda
de que los gobiernos
de Venezuela y
Ecuador han venido
negociando con
terroristas
narcotraficantes.
Las pruebas están a
su disposición.
Tampoco puede
olvidarse que los
miembros de las FARC
son terroristas
registrados en la
circular roja de la
INTERPOL, tal como
lo demuestra el
anexo que se
acompaña. (ANEXO 6)
Señor Presidente,
En las Naciones
Unidas, así como en
el seno de esta
Organización, se ha
condenado
enérgicamente y de
manera reiterada al
terrorismo en todas
sus formas y
manifestaciones, por
considerarlo
criminal e
injustificable bajo
cualquier
circunstancia, en
donde quiera y por
quien quiera sea
cometido, porque
constituye una grave
amenaza para la paz
y para la seguridad
internacional, para
la democracia, para
la estabilidad y
para la prosperidad
de todos los países
de la región.
También, los países
hemos sido
reiterativos en la
importancia de que
los estados miembros
de la OEA cumplan
con los compromisos
adquiridos en las
disposiciones
internacionales
sobre el terrorismo,
y específicamente,
trabajen de manera
mancomunada en un
marco de cooperación
para prevenir los
crimines producto de
la actividad
terrorista y sus
delitos
relacionados.
Colombia desea
apelar especialmente
a la Resolución 1373
de 2001 del Consejo
de Seguridad de las
Naciones Unidas. La
humanidad de honrar
los preceptos en
ella contenidos, en
el sentido de
denegar refugio a
quienes financian,
planifican o cometen
actos de terrorismo
e impedir que
quienes financian,
planifican,
facilitan o cometen
actos de terrorismo
utilicen sus
territorios
respectivos para
esos fines, en
contra de otros
estados o de sus
ciudadanos.
Permitir que grupos
terroristas tengan
campamentos en la
frontera de un país
vecino y que desde
ellos se planeen y
ejecuten actos
terroristas es en sí
un acto criminal y
una clara violación
a los tratados
internacionales
sobre la lucha
contra el
terrorismo, al igual
que al principio de
respeto a la
soberanía de los
Estados, entre otras
obligaciones
internacionales.
Permítame, Señor
Presidente, reiterar
que Colombia es un
país amante de la
paz, respetuoso de
los principios de la
Carta de las
Naciones Unidas y
apegado al Derecho
Internacional. Nunca
hemos sido un país
agresor ni en lo
político ni en lo
militar. Hemos sido
respetuosos del
principio de la no
injerencia en los
asuntos internos de
los estados. Jamás
hemos querido
expandir un
principio alguno
distinto al de la
Democracia. No
aceptamos ninguna
provocación que
ponga en peligro la
estabilidad de la
región.
Continuaremos, eso
sí, siendo firmes en
la lucha contra el
problema mundial de
las drogas y contra
el terrorismo,
dentro del respeto a
los derechos humanos
y al derecho
internacional.
Colombia es un país
abierto al diálogo,
dispuesto siempre a
la confrontación de
las ideas, en el
marco de la
democracia y en
estricto apego a la
solidez de sus
instituciones. Mi
gobierno, en aras de
buscar solución a la
crisis con el país
hermano, apoya la
convocatoria de
mecanismos de
diálogo político y
la búsqueda de
fórmulas de
entendimiento. Para
el efecto,
proponemos se
conforme, bajo la
dirección del
Secretario General,
una Comisión de
Exploración de
Alternativas
Políticas, con el
fin de buscar las
alternativas
posibles para
superar la situación
actual haciendo uso
pleno de las vías
diplomáticas.
Para el Gobierno y
el pueblo
colombiano, sin
embargo, resulta
perentorio que
ningún escenario de
discusión esté
desprovisto de la
búsqueda de la
verdad. La
honestidad con la
que Colombia ha
acometido
infatigables
esfuerzos por
restablecer la
seguridad en su
territorio,
consolidar su
democracia y ofrecer
garantías a todos
sus ciudadanos es lo
mínimo que exigimos
a los países del
continente.
Lo que hoy pedimos
es una posición
clara frente al
terrorismo. Una
posición honesta,
una posición
sincera. Ofende al
pueblo colombiano
que algunos de
nuestros vecinos
sigan creyendo que
las FARC representan
los intereses del
pueblo. Mi país
reclama que las
cosas sean llamadas
por su nombre: Las
FARC son una mafia
narcotraficante, que
para nada
representan los
intereses del pueblo
colombiano. Son una
mafia sin patria,
que delinque, bien
en Colombia o en el
exterior. Sorprende
que mientras ahora
se nos quiere
condenar por una
acción que liberó a
nuestro pueblo de un
yugo de 40 años de
terror, en Venezuela
se le rinden
homenajes a un
criminal y genocida.
Ahora la discusión
se centra sobre
1.800 metros más
allá de la frontera,
pero nadie habla de
los miles de
colombianos
secuestrados y
masacrados por las
FARC. Nadie habla
del prontuario
criminal de Raúl
Reyes. Nadie habla
del derecho a la
libertad de los
colombianos.
¡Qué valor han
mostrado los
presidentes de
Ecuador y Venezuela
para
expulsar a nuestros
embajadores, dignos
representantes de
una democracia
legítima! Ojalá
mostraran similar
valor para expulsar
a los terroristas de
su territorio.
4 de marzo de 2008
(Fin)
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